Por: Irene Fraile-Manterola
El 30% de las empresas del país desconocen el contenido de la Ley de Prevención y Control de la Infección Provocada por el VIH y el 67% lo relativo a esta enfermedad incluido en el Código de Trabajo.
Esto está relacionado al hecho de que el 73% de las empresas que hacen la prueba de VIH/Sida a sus empleados o candidatos a un puesto en su modalidad obligatoria (que es ilegal, frente a la modalidad voluntaria) exijan esta prueba como condición para mantener un contrato o firmar uno nuevo.
Esto se refleja en el estudio «Impacto socioeconómico del VIH/Sida en El Salvador», realizado por Conasida, el PNUD y Onusida desde hace un año y medio, cuyos resultados parten de una muestra de 217 personas con VIH/Sida (PVS) y 67 empresas.
El estudio también revela que el 73% de las empresas sostienen que no aplican políticas relacionadas a la enfermedad.
«Es momento, con este documento, de que la empresa privada empiece a trabajar. El Salvador es de los pocos países en América Latina donde los esfuerzos son todavía pocos a nivel de la empresa privada en la lucha contra el SIDA», afirmó Rodrigo Simán, Secretario General de Conasida.
Simán reconoció que también hay centros universitarios que piden la prueba. «Esto nos está dando armas a Conasida para el siguiente paso, la parte ya punitiva, empezar con el ministerio de Trabajo a partir del Código de Trabajo».
Agregó que Conasida, a través de la Alianza para la Legislación, está preparando un protocolo de actuación para la recepción de denuncias. Actualmente éstas al ministerio de Trabajo, al de Salud y a través de la línea telefónica Sidatel.
El coordinador de Onusida en El Salvador, Herbert Betancourt, dio datos sobre la discriminación laboral hacia el PVS. Del total de encuestados, el 32% fueron despedidos tras el diagnóstico. De ellos, el 78% considera que la causa principal o parcial del despido fue el VIH/Sida porque faltaban mucho al trabajo o porque su nivel de productividad bajó.
Respecto a otros ámbitos, el 29% de las personas encuestadas considera que la mayor discriminación la sufren en la comunidad, el 28% por parte de familiares, el 20% en los centros de salud y el 16% en el hogar. Conasida tomará en cuenta estos datos para diseñar su plan de trabajo de 2010 y promover en la empresa privada y en el sector público el cumplimiento de políticas no discriminatorias hacia las PVS.
Betancourt comentó que se creará un sistema de protección social para el cual se elabora un directorio de organizaciones públicas, privadas, religiosas y ong que pueden proveer servicios al PVS en los campos de salud, educación, nutrición, apoyo psicológico, atención a demandas de derechos humanos, vivienda, capacitación e inserción laboral. «Esos servicios surgieron de talleres con PVS que expresaron sus necesidades», dijo Betancourt. En cuanto al empleo, la idea es encontrar organizaciones que vinculen mediante convenios a las instituciones que pueden dar servicios de capacitación e inserción laboral con las PVS.Niños y niñas que han perdido un promedio de 22 días de escuela en el último año por vivir con una persona con VIH.